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Puede afirmarse que hay una conexión clara entre esta situación y la compensación que, como medida inusual, se prevé frente al alza de los precios del combustible. La ausencia de una respuesta instantánea por parte de la Administración pública a estos inconvenientes va a suponer un perjuicio muy grave a la continuidad de las comunicaciones con los territorios no peninsulares y el incumplimiento de la obligación que la Constitución Española impone al Estado en su artículo 138.1. En cualquier caso, la persona o personas que ocupan la vivienda sin título van a deber acreditar, además de esto, que están en ciertas ocasiones de puerta de inseguridad económica descritas en la letra a) del artículo 5.1 del presente real decreto-ley a través de la presentación de los documentos previstos en el artículo 6.1. El Letrado de la Administración de Justicia, va a dar traslado de esa acreditación al demandante o denunciante. Una vez presentados los anteriores escritos, el Letrado de la Administración de Justicia deberá trasladar inmediatamente a los servicios sociales eficientes toda la documentación y solicitará a estos servicios informe, que deberá ser emitido en el período máximo de diez días, en el que se valore la situación de puerta de inseguridad del arrendatario y, en su caso, del arrendador, y se identifiquen las medidas a utilizar por la administración competente.

Más allá de que los costos de operación de estas instalaciones están asociados al coste del gas natural, estas no están consideradas como «instalaciones cuyos costos de explotación dependen fundamentalmente del precio del combustible», ya que en un contexto de normalidad de los mercados energéticos el coste del gas no es mayoritario y tienen capacidad para contemplar la adquisición de gas natural a largo plazo. El Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, actuó de manera urgente para comprobar los parámetros retributivos del régimen retributivo específico para el año 2022. Además de esto, previó que la revisión de parámetros del año 2022 se efectuará de manera agregada a las revisiones previstas en la normativa, tal es así que se mantiene la revisión que se efectuará antes del semiperiodo regulatorio que tiene su comienzo el 1 de enero de 2023. No obstante integrar esa disposición una habilitación para la prórroga de la medida a través de orden del ministerio, se hace necesario integrar esta prórroga en una norma con rango de ley, en tanto que el objeto de la exención ya no es en este momento el volumen fijo de 7,5 días de consumo, sino más bien los días equivalentes a la que correspondan a la obligación de llenado del 90%. Puesto que la coyuntura económica que motivó la aprobación de este mecanismo persiste en términos en general, se evalúa necesario prorrogarlo hasta el 30 de junio de 2023, para que las industrias afectadas logren verse beneficiadas del descuento en peajes que supone este instrumento regulatorio, el que, sumado a las sobrantes medidas en vigor, garantiza el cuidado de la actividad productiva y el empleo asociado a esta.

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En este contexto, se amplía el período general del trámite sancionador de 18 a 24 meses y el plazo de la segunda fase de control de concentraciones de 2 a 3 meses. Se cambian también otros plazos para recompensar la comunicación de determinadas operaciones de concentración en plazos adecuados, agilizando y progresando el trámite de control de concentraciones a través de las consultas previas y la utilización de formularios abreviados. También, se establece un régimen concreto para el reintegro de las subvenciones concedidas en el marco del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia mediante el procedimiento de concesión directa en pos de entidades del campo público estatal, autonómico o local o asociaciones de entidades locales de campo estatal o autonómico, que están colaborando de manera importante y eficiente en la consecución del les objetivos del Plan. La modificación de hoy incluye la COVID-19 en el anexo I del real decreto, en la lista de patologías de declaración obligatoria y añade, en el artículo 13, una exclusiva modalidad de supervisión consistente en la obtenida exhaustiva de los resultados de las pruebas de laboratorio, tal como de los datos de vacunación, que será de aplicación a la citada enfermedad, mediante sistemas de información establecidos al efecto. Hablamos de una medida fundamental para el acertado funcionamiento del sistema de acompañamiento excepcional de la PAC para situaciones singulares como la presente, que deja garantizar un régimen eficiente de los fondos de europa, de capital relevancia para el campo, puestos a disposición del sector primario en atención a las severas perturbaciones del mercado habidas en las últimas semanas, que revelan la preocupación de las instituciones europeas por garantizar la viabilidad de las explotaciones. Por otro lado, se procede a la adaptación de los hitos administrativos a la situación de la cadena de suministro provocada por la guerra de Ucrania para las instalaciones que obtuvieron privilegios de acceso desde el 1 de enero de 2018.